24h sammas blog: Bien gastando el dinero público

"Como ahorrar 100.000 millones de €, SIN recortar"

En un artículo publicado en el día de ayer (1) por el diario monárquico ABC, también afín al PP, partido actualmente en el gobierno de la nación, anunciaba con gran bombo y fanfarria que el gobierno "podría ahorrar 100.000 millones en ajustes en la administración". Quedé perplejo ante tal afirmación y claro está, la primera pregunta que me vino a la cabeza fue ¿y por qué no se ha pensado en esta medida desde el mismo momento de estar al frente del gobierno hace ya más de UN AÑO, mucho antes de recortar hasta el hueso la sanidad pública, la educación pública, el estado de bienestar, también público y de subir los impuestos indirectos hasta casi la luna? ¿El ciudadano "debe ser recortado" de manera inmisericorde, debe acatar los recortes que le afectan gravemente hasta casi el desfallecimiento por asfixia, por inanición sin rechistar, pero NO así la administración pública?

Veamos cómo "piensan" y que dicen los autores de este artículo sobre como se debe "obrar". Y yo cada vez que escribo o veo esta palabra, pienso en la burbuja o en el Opus. La parte del texto que consideréis lógica, seguro que es de "cosecha propia".

1 // Empresas públicas: La deuda asciende a 56.000 millones de € entre las "empresas" públicas autonómicas, locales y de la administración central. Por tanto se deberían cerrar o privatizar, salvo escasísimas excepciones. Parece increíble cuando no bochornoso, que tras más de CUATRO años de una enorme depresión crediticia, de un gran crash económico, nuestro país siga teniendo CUATRO estados dentro de algo llamado España. Desprenderse de las denominadas "joyas de la corona" le reportaría al Gobierno unos ingresos de alrededor de 15.000 millones de €. La SEPI espera a mejores tiempos económicos para deshacerse de Ebro, IAG, EADS, REE o Navantia. A ello se sumarían las participaciones que han llegado a manos del Estado tras la entrada del FROB en BFA, NovagaliciaBanco o CatalunyaCaixa.

2 // Diputaciones: Con un gasto anual de más de 20.000 millones de €, estos organismos consumen ingentes cantidades del dinero de TODOS. Así tenemos a los Ayuntamientos y al otro lado a las Comunidades Autónomas con quienes se solapan en sus competencias. A esto se llamó descentralización y estamos como estamos, sin cerrar las Diputaciones, mantenidas solamente por inercia a pesar de ser ENORMEMENTE costosas. Creadas hace dos siglos, las diputaciones llevan tiempo en el punto de mira, sin que se tome DECISIÓN ALGUNA, pues ni más ni menos que 41 diputaciones provinciales, tres forales, una por cada provincia vasca, siete cabildos y cuatro consejos insulares que suponen un gasto anual arriba comentado y por tanto, el importe de TODOS los recortes del gobierno del PP durante el año 2011.

3 // Tribunales de defensa de la competencia: Son muchos los que opinan que habría que proceder al cierre de todos ellos ya que se han demostrado absolutamente prescindibles, pues las materias que tratan podrían ser asumidas por un órgano central sin que se produjesen las duplicidades en los costes de funcionamiento que se han venido produciendo hasta ahora. El gasto destinado a estas instituciones varía según la región, pero por ejemplo los presupuestos catalanes han destinado 1,6 millones de €, los gallegos 548.000 €, los vascos 330.000 y los valencianos, 410.000 €. Alguna región como Madrid, han suprimido este organismo.

4 // Ayuntamientos: Deberían inmediatamente recortar 3.500 millones. El Gobierno tiene previsto aprobar en las próximas semanas la reforma de la administración local. Con ella pretende clarificar las competencias municipales, reducir el número de concejales, limitar el sueldo de los alcaldes y ahorrar casí TRES veces, el recorte decidido por Zapatero en pensiones en Mayo del 2010.

5 // Consejos económicos y sociales: Son órganos consultivos de los gobiernos en materia socioeconómica y laboral y su creación y gestión está transferida a las autonomías. Su función es elaborar informes o dictámenes sobre proyectos de los ejecutivos, pero sus conclusiones no son vinculantes. El CES estatal tiene en nómina a 61 miembros y otros tantos más dependen de las comunidades. Los Presupuestos dedicaron 8,84 millones en 2012 para estos organismos. Aragón, por ejemplo, destino 620.000 euros; Cataluña, 2,65 millones de euros; Galicía, 792.000 euros y Canarias 750.000.

6 // Televisiones públicas autonómicas: Del urgente adelgazamiento del Estado ninguno de los expertos consultados salva del ajuste los medios audiovisuales autonómicos y locales, una fuente de influencia del gobierno de turno en cada región y, por tanto, un gasto muy difícil de justificar para los ciudadanos en momentos en los que el riguroso cumplimiento del déficit público está obligando al Gobierno a aplicar severos ajustes. El coste anual para las arcas públicas de estas televisiones es de 1.200 millones de €, a lo que hay sumar una deuda de 2.000 millones de €. Solamente la Televisión de Cataluña (TVC), la autonómica más cara de España, gasta 260 millones de euros de recursos públicos, lejos de la siguiente en la lista, la ETB vasca con ayudas de 117 millones. TVC tiene en nómina a más de 1.800 trabajadores, una plantilla superior a la de la suma de los empleados contratados por Antena 3 y Telecinco.

7 // Puertos y aeropuertos: Posibles ingresos de 4.500 millones de € con la futurible venta de estas instalaciones, con la opción cerrar o reconvertir aeropuertos no rentables. La cesión o traspaso de los aeropuertos rentables, que son aquellos con un alto volumen turístico y los grandes aeropuertos de ciudad importantes como Madrid y Barcelona, se podrían obtener unos 2.600 millones de €. Además, vendiendo el 49% de los puertos manteniendo así la mayoría en el control de su costa portuaria, se podrían obtener unos 1.900 millones de € extras.

8 // AVE: Privatizar el 49% de este elitista tren, podría aportar más de 1.100 millones de € / año. Así mismo, el transporte público urbano, metro y autobuses, son una fuente de déficit que bien gestionados podría resultar hasta cierto punto rentable e incluso subastar alguna concesión, significaría ingresos para los Ayuntamientos o Autonomías que los controlan.

9 // Senado: Esta institución le cuesta a los españoles más de 50 millones anuales. Aunque la supresión de la Cámara Alta no se traduciría, en términos económicos en un ahorro destacable, el debate sobre su utilidad o función se ha reavivado con la crisis. La Cámara Alta está compuesta por 207 senadores electos y 56 más designados por las comunidades autónomas, y su presupuesto para 2013 sufrirá una reducción del 2% respecto al del año anterior, cifrado entonces en 53.214.437 de €.

10 // Beneficios para ciudades y empresa concesionaria: Gestión y distribución de agua potable, con posibles privatizaciones de la gestión y distribución de este bien público. Esta medida también podría suponer unos ingresos para cada ciudad por la concesión y unos beneficios para la empresa concesionaria.

La lista con las posibles medidas de adelgazamiento de la Administración incluye también la eliminación de organismos autónomos cuyo cometido es muy difícil de justificar como por ejemplo, el Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, cuyo cometido se ha ido reduciendo con el tiempo y podría ser acometido en otra parte de la administración, reduciendo con esto un capítulo de los presupuestos. Y como este ejemplo se podrían citar muchos más, como los gastos del Estado en las Transferencias de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, el famoso 0,7% (del PIB), un compromiso del que hizo bandera el afortunadamente ya hace tiempo expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, 7.000 millones de €. El actual, "da de llorá igual o peor " que su predecesor.

La maraña legislativa y la falta de unidad de mercado restan a la economía española unos ¡¡¡ 45.000 millones de € al año !!! La unidad de mercado está a punto de convertirse en una realidad en España. El Gobierno aprobará de forma inminente el proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado, para facilitar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional. Con una sola licencia autonómica, las empresas podrán operar en cualquier punto de la geografía española, sin necesidad de pedir una nueva autorización en la comunidad donde se desee comercializar sus productos y prestar sus servicios.

Por tanto, ¿para cuándo este bien gastar? ¿Que esperan para hacerlo? ¿Que tendrá que pasar para acometer de manera urgente estos si NECESARIOS recortes? ¿Quizás 6 millones de desempleados en las oficinas del INEM y 7 millones en la Encuesta de Población Activa?